En una acción legislativa orientada a fortalecer la protección de los derechos culturales de los pueblos originarios, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California para otorgar protección jurídica a los diseños textiles indígenas.
La propuesta busca cerrar los vacíos legales que actualmente permiten el plagio y la explotación comercial de bordados, patrones y símbolos tradicionales sin autorización ni beneficio para las comunidades creadoras.
La legisladora señaló que diversas empresas nacionales e internacionales han reproducido y comercializado estos diseños sin reconocimiento, una problemática que ya ha sido denunciada en estados como Oaxaca, Yucatán, Puebla e Hidalgo.
Reconocimiento como patrimonio cultural
La iniciativa plantea incorporar de manera expresa los diseños textiles indígenas al catálogo de bienes protegidos por la legislación estatal, reconociéndolos como parte del patrimonio cultural de Baja California.
De acuerdo con la propuesta, se considerarán como tales todas aquellas creaciones elaboradas mediante hilos, fibras o técnicas textiles por comunidades indígenas nativas o asentadas en la entidad.
Con ello, el gobierno estatal contaría con herramientas legales para su defensa, registro y preservación.
La diputada destacó que estos textiles no son únicamente piezas artesanales, sino expresiones profundas de identidad, memoria y cosmovisión.
“Proteger los textiles indígenas es también proteger la dignidad cultural y los derechos colectivos de quienes los crean”, expresó.
Cada bordado, color y figura representa la historia de los pueblos, su vínculo con la naturaleza y conocimientos transmitidos de generación en generación.
Fortalecimiento institucional
La reforma también contempla armonizar la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado publicada en 2021, actualizando denominaciones institucionales y fortaleciendo el marco legal.
Entre los cambios propuestos se incluye que las declaratorias y actos relacionados con el patrimonio cultural sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como ampliar las facultades del Instituto de Cultura del Estado para establecer convenios, estrategias y mecanismos de protección.
Asimismo, se actualizan referencias al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía General del Estado para responder al marco jurídico vigente.
Un freno al saqueo cultural
Con esta propuesta, Baja California busca enviar un mensaje claro frente al saqueo cultural: el patrimonio de los pueblos indígenas no puede seguir utilizándose como mercancía sin reconocimiento ni protección legal.
De aprobarse, la entidad podría colocarse a la vanguardia nacional en la defensa de los derechos culturales y de la propiedad intelectual colectiva de las comunidades originarias que habitan en ciudades como Tijuana, Mexicali y otras regiones del estado.
