Protestas en Colombia obligan a la petrolera a cerrar operaciones 

La petrolera canadiense Parex Resources ha anunciado el cierre de sus operaciones en el bloque Capachos en el departamento de Arauca, Colombia, debido a las persistentes protestas sociales en la región. Además, desde el 22 de enero, la compañía detuvo las actividades de perforación y pruebas de pozos en el bloque Arauca, que opera en asociación con Ecopetrol.

La empresa ha activado protocolos de seguridad internos y está buscando reanudar las operaciones mediante el diálogo con las partes interesadas. También ha reconocido los esfuerzos del gobierno nacional para encontrar una solución beneficiosa.

Aunque el cierre del bloque Capachos ha impactado la producción, ésta se mantiene en promedio para 2024 entre 54,000 y 60,000 barriles de petróleo equivalente por día. Este rango es fundamental para las proyecciones de la empresa y su contribución al sector energético nacional.

Antecedentes

Este no es el primer incidente que enfrenta Parex en la región. Hace un año, la empresa también cerró operaciones en los bloques Capachos y Arauca debido a amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En aquella ocasión, más de 600 puestos de trabajo se vieron afectados.

El cierre del bloque Capachos se suma a otros paros recientes en la industria petrolera colombiana, como los campos Caño Sur (Ecopetrol) y Pendare (Tecpetrol), debido al bloqueo de una vía en Puerto Gaitán, Meta, por parte de la comunidad que exige mejoras en la infraestructura vial.

En términos más amplios, la interrupción de las operaciones petroleras en Arauca plantea desafíos adicionales para la economía local y nacional, así como para la estabilidad del mercado energético colombiano. La inversión extranjera y la producción de petróleo son pilares fundamentales de la economía colombiana, y los cierres como estos pueden afectar significativamente el crecimiento y el desarrollo en la región.

En medio de este panorama, los especialistas del sector minero resaltan la necesidad de un diálogo constructivo entre las partes involucradas, incluidos el gobierno, las empresas y las comunidades, y enfatizan que la resolución pacífica de conflictos y la búsqueda de soluciones sostenibles son cruciales para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos sociales y ambientales en Colombia.