Acciones colectivas en defensa del daño ambiental

Por: Octavio Ruiz Méndez, Jurista en derecho y justicia ambiental

El marco legal está planteado con la finalidad de que grupos colectivos y comunidades, ejerzan su derecho por la defensa del medio ambiente.

Las acciones colectivas son una herramienta jurídica usada para proteger el derecho que tiene un grupo de personas contra uno o varios proveedores que vulneren sus derechos, la sentencia será para todo el grupo en su conjunto, esto en materia de consumidores, de igual caso cuando existe el daño ambiental aplica ejercer este derecho en vía de acción colectiva. 

Estas acciones tienen una gran importancia para la solución de conflictos que afectan ya no a intereses individuales o particulares, sino a comunidades o grupos de personas.

La complejidad de la sociedad moderna y el desarrollo de las economías basadas en la producción y comercialización de bienes y servicios en serie dan lugar a situaciones en las cuales determinadas actividades, pueden afectar los intereses de una comunidad o un grupo de personas, mismas que no encuentran una solución adecuada a través de acciones individuales.

En el DOF el 29 de julio de 2010 se publicó el decreto por el que se adicionó un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política, para prever las acciones colectivas en los siguientes términos: “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos”. 

Dentro de las materias de competencia se encuentra con el fin de obtener un instrumento colectivo en defensa del medio ambiente, la acción colectiva por el daño ambiental, la cual por una colectividad de un mínimo de 30 personas o por medio de una asociación civil con un objeto social que contemple la materia ambiental y con evidencias demostrables del cumplimiento de ese objeto, pueden promover acciones legales en defensa del ambiente ante jueces federales, éstas se encuentran también legitimados en otras autoridades que contempla nuestra legislación y lo que se busca es una indemnización y reparación integral del daño, en un principio que aplica del derecho internacional ambiental “quien contamina paga”.  

El marco legal está planteado con la finalidad de que grupos colectivos y comunidades, ejerzan su derecho por la defensa del medio ambiente, lienamientos sobre los cuales deberán actuar los grupos en controversia. En ese sentido, tanto empresas como comunidades, tendrán que plantear y desahogar sus controversias bajo este marco jurídico que tiene el reto de impartir justicia apegado a los principios legales y ambientales.