Controversia con el gobierno chileno por la Ley de Transición Energética

El pasado 30 de junio, el gobierno de Chile presentó ante el Congreso el proyecto de ley de transición energética, que busca acelerar el proceso de descarbonización del sector eléctrico y fomentar el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, la iniciativa no ha sido bien recibida por el gremio de las empresas de generación eléctrica, la Asociación de Generadoras de Chile, envío un escrito al ministro de Energía, Diego Pardow, expresando su rechazo a uno de los aspectos clave del proyecto: la creación de un nuevo mecanismo de licitación de infraestructura de almacenamiento.

El almacenamiento se refiere a la capacidad de guardar energía eléctrica para usarla cuando se necesite. Esto es especialmente relevante para las fuentes renovables variables, como la solar y la eólica, que dependen de las condiciones climáticas y no pueden garantizar una producción constante. El almacenamiento permite aprovechar al máximo el potencial de estas fuentes, evitando el desperdicio de energía y asegurando la estabilidad del sistema eléctrico.

Existen diferentes tecnologías para almacenar energía, como las baterías o los embalses hidroeléctricos. Estas tecnologías tienen distintos costos, beneficios y desafíos técnicos y ambientales. El desarrollo del almacenamiento es fundamental para avanzar hacia una matriz energética más limpia, diversa y resiliente.

Rechazo de las generadoras

El proyecto de ley plantea que el Ministerio de Energía podrá convocar a licitaciones públicas para adjudicar contratos de largo plazo a proyectos de infraestructura de almacenamiento que contribuyan a la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico. Estas licitaciones serían recurrentes y se realizarían según las necesidades que determine el ministerio.

Las generadoras eléctricas han cuestionado esta propuesta por varias razones. En primer lugar, han señalado que el proyecto no reconoce la organización industrial del sector ni su lógica de competencia que conlleva la gestión de riesgos inherentes a esta industria. Según el gremio, el mecanismo propuesto podría generar una sobreoferta de almacenamiento que distorsione los precios del mercado y desincentive las inversiones privadas en esta tecnología.

En segundo lugar, han expresado su preocupación por la falta de transparencia y certeza jurídica que tendrían las licitaciones, ya que dependerían de la discrecionalidad del ministerio y no estarían sujetas a criterios técnicos ni económicos claros. El gremio ha pedido que se establezcan reglas claras y estables para definir las necesidades de almacenamiento, los requisitos técnicos y ambientales, los plazos y las condiciones contractuales.

En tercer lugar, han cuestionado que una de las supuestas razones para hacer una licitación de infraestructura de almacenamiento sería la falta de proyectos del sector privado en esta materia. El gremio ha enfatizado que el sector de generación está invirtiendo en esta tecnología a pesar de las actuales indefiniciones regulatorias del ministerio. Según el gremio, existen más de 40 proyectos en desarrollo o estudio que suman más de 10 mil MW de capacidad instalada.

El Gobierno ha defendido el proyecto de ley como una herramienta necesaria para acelerar la transición energética y asegurar la seguridad del sistema eléctrico ante el aumento de la participación de las energías renovables variables. El ministro Pardow ha señalado que el mecanismo propuesto no busca competir con el sector privado sino complementarlo y que se basará en estudios técnicos que determinen las necesidades reales de almacenamiento.

Los expertos consultados coinciden en que el desarrollo del almacenamiento es clave para avanzar hacia una matriz más limpia y diversa, pero tienen opiniones encontradas sobre el mecanismo propuesto por el gobierno. Algunos consideran que es una medida positiva que permitirá impulsar proyectos estratégicos para el país y que se ajustará a las condiciones del mercado. Otros creen que es una medida innecesaria que podría generar una intervención excesiva del Estado y que podría desincentivar la innovación y la competencia en el sector.