Acuerdos para fortalecer triángulo del litio en Sudamérica

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Los gobiernos de Chile y Argentina han formalizado un acuerdo para establecer un grupo de […]

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Los gobiernos de Chile y Argentina han formalizado un acuerdo para establecer un grupo de trabajo binacional centrado en el litio y los salares, con el objetivo de impulsar la cooperación y el desarrollo en este sector estratégico para la transición energética, con el triángulo del litio. El memorándum de entendimiento, firmado por los cancilleres de ambos países, establece las bases institucionales y los objetivos de este grupo de trabajo, cuya gestación se remonta a junio de 2022.

El documento es el resultado de conversaciones iniciadas en abril de 2022 entre el presidente de Chile, Gabriel Boric, y su homólogo argentino, Alberto Fernández. Entre los puntos clave del acuerdo se destaca la promoción del intercambio de conocimientos y la agregación de valor en la cadena valor del litio y los salares.

El grupo de trabajo se enfocará en facilitar el intercambio de experiencias entre empresas y equipos científicos, así como en la formación y capacitación de recursos humanos especializados en este sector. Además, se busca estimular el desarrollo de cadenas productivas relacionados con el litio, mineral crucial en la fabricación de baterías eléctricas.

Chile, Argentina y Bolivia conforman el “Triángulo del Litio”, una región que alberga los mayores yacimientos de este mineral en salares a nivel mundial. Este territorio ha experimentado una creciente ola de inversiones destinadas a adquirir activos de litio. Chile es el segundo mayor productor de litio a nivel global, después de Australia, mientras que Argentina intensifica su producción y Bolivia busca incrementar su participación en este mercado.

Sin embargo, uno de los desafíos fundamentales que enfrentan estos países es cómo asegurar que las comunidades indígenas que habitan en estas áreas se beneficien adecuadamente de la explotación de los recursos. Los modelos de explotación de litio en Chile, Bolivia, Argentina y México difieren en términos de la participación del Estado, el sector privado y las organizaciones sociales.