Pellets de plástico provoca crisis ambiental en costas españolas

La Unidad Especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado español ha tomado medidas ante el vertido masivo de pellets de plástico que afecta a la costa gallega y se extiende a Asturias. La situación ha desencadenado una creciente disputa política a pocas semanas de las elecciones gallegas, con la Xunta y el gobierno central acusándose mutuamente de inacción.

El 8 de diciembre la Marina portuguesa registro que el portacontenedores Toconao, con bandera de Liberia, perdió al menos 6 contenedores con mercancía diversa en el mar.  

La Marina señaló que en las costas portuguesas no se vieron vestigios de la carga y que no fueron informados del contenido de la mercancía perdida por el buque, aunque se sospecha que uno de los contenedores iba cargado con 1,000 sacos de 25 kilos cada uno de un producto derivado del petróleo marcado como “estabilizador UV” del tipo “UV 9000″.

Los primeros sacos fueron vistos en playas de la comarca de Barbanza (A Coruña) el 13 de diciembre, donde los trabajos de limpieza lo realizaron voluntarios autorganizados que ha surgido a través de las redes sociales.

Personas armadas con coladores de cocina e improvisadas rejillas fabricadas con cajas de fruta o cestas de freidora se han lanzado a los arenales gallegos para cribar la arena, colar el agua de la orilla, para limpiarla de los millones de diminutas bolitas de un compuesto todavía desconocido y cuya toxicidad se ignora, destinado a la fabricación de inumerables objetos de plástico.

Surge el conflicto

El 4 de enero la fiscalía española comenzó las diligencias para determinar el alcance y origen del vertido, así como para evaluar posibles responsabilidades penales. Según la fiscalía, los pellets contribuyen a la contaminación por microplásticos, un problema que la Unión Europea busca reducir. Además, se invoca el artículo 325 del Código Penal, que castiga emisiones o vertidos en el mar.

Mientras tanto, la Xunta de Galicia y el gobierno central mantienen una disputa sobre la rapidez de sus acciones. La Xunta sostiene que solo recibió comunicación oficial el 3 de enero, mientras el ministro de Transportes afirma que la notificación ocurrió 21 días antes. Esta discrepancia alimenta la creciente tensión política a medida que se acercan las elecciones.

A pesar de la gravedad del vertido y su potencial impacto ambiental, la Xunta, por ahora, no eleva el nivel de emergencia “Uno”. La declaración del “nivel 2”, que permitiría la intervención de medios estatales, dependerá de una evaluación más detallada de la marea contaminante. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, critica la falta de datos y acusa a la oposición de hacer “campaña descarada” con el problema ambiental.

El vertido ha llegado a las costas asturianas, activando el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental. La Xunta, sin embargo, mantiene que no elevará la alerta ambiental sin nueva información del gobierno central, preocupándose por limpiar sin saber completamente lo que hay en el mar.

La situación se agrava a medida que se aproximan las elecciones gallegas, con la preocupación de que la crisis ambiental se convierta en un tema político. La falta de información y las acusaciones mutuas entre las autoridades podrían afectar la respuesta efectiva ante esta emergencia, subrayando la necesidad de una coordinación eficiente entre los niveles de gobierno para abordar y resolver la situación.