Ambientalistas: entre la lucha y la violencia

Por: María Fernanda Ramírez, Directora General de Comunicación SPREAD

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dio a conocer un informe con datos alarmantes: por ejemplo, durante 2023 se documentaron 282 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en México. Esta cifra, aunque menor que las 582 registradas en 2022, coloca al 2023 como el segundo año con más eventos de este tipo en la última década.

Las agresiones no sólo son numerosas, sino también diversas: desde amenazas e intimidación hasta homicidios, pasando por agresiones físicas, sexuales y daño a la propiedad. Es preocupante que las formas más graves de violencia, como los asesinatos, se mantengan constantes, con 20 casos en 2023.

El Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras d ellos derechos humanos ambientales en México 2023 revela que la mayoría de la violencia está relacionada con megaproyectos del gobierno federal, como el Tren Maya, el Tren Transístmico y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Estas obras, que se presentan como motores del desarrollo, están teniendo un alto costo para quienes defienden la tierra y el territorio. De hecho, el 57.7 por ciento de las agresiones en 2023 fueron en contra de personas indígenas, quienes son las más vulnerables a sufrir violencia por su labor de protección ambiental.

Jalisco, Oaxaca y la Ciudad de México fueron las entidades federativas con mayor número de agresiones, concentrando el 40.8 por ciento de la violencia a nivel nacional. Además, el informe publicado por el CEMDA en abril resalta que las personas indígenas son las más vulnerables a sufrir estas agresiones, representando el 57.7 por ciento de las víctimas en 2023.

Si bien la cifra total de agresiones disminuyó en comparación con 2022, las 19 muertes registradas durante 2023 son un recordatorio constante de los riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente en México.

Es preocupante que, a pesar de la gravedad de la situación, la impunidad en este tipo de casos siga siendo alta. Diversos estudios ubican a México como uno de los países con mayor número de asesinatos a activistas ambientales y con altos índices de degradación y crímenes ambientales.

En este contexto adverso, las personas defensoras del medio ambiente no sólo enfrentan la violencia de actores privados y públicos, sino que también luchan contra la indiferencia y la falta de mecanismos de protección por parte del Estado.

Es urgente que se tomen medidas contundentes para frenar la ola de agresiones contra quienes protegen nuestro medio ambiente. Se deben garantizar mecanismos de protección para estas personas, investigar y castigar a los responsables de las agresiones, y promover un diálogo genuino con las comunidades indígenas y rurales para la construcción de proyectos que respeten los derechos humanos y el medio ambiente.