Sin peritos suficientes para los litigios ambientales

El Informe global sobre litigios climáticos 2023 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, revela que las demandas pasaron de 887 en 2017 a 2,180 en el 2022. Los Estados Unidos encabezan la lista de litigios ambientales, país en el que casi se triplicaron las demandas por delitos ambientales, en ese periodo.

El aumento de las querellas ambientales puede verse de dos maneras, o bien, cada vez se atiendan más este tipo de casos en las cortes o, simplemente se incrementaron los delitos ambientales en el mundo. En cualquiera de los casos, el número de denuncias que llega a los tribunales aún es bajo. Si distribuyéramos el total de las demandas entre los 195 países que conforman el planeta, tocaría a cada uno poco más de 11 casos.

Vistos así, el número de litigios palidecen ante los cientos de casos documentados que están catalogados como ecocidios en todo el mundo, por supuesto que este escenario se hace más recurrente en los países pobres y en desarrollo en los que se denuncia y se litiga poco en materia de derecho ambiental. 

A nivel mundial, existe un déficit de abogados y peritos expertos en derecho ambiental, lo que hace que en muchos países con una legislación en la materia, ésta se vuelva letra muerta por la falta de personal especializado.

México no es la excepción, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de los 287 jueces de Distrito existentes, únicamente 27 cuentan con una especialización en derecho ambiental y de ellos, sólo 17 han recibido capacitación y actualización en la materia.

Lo anterior presenta una paradoja, pues las Leyes no se pueden aplicar con jueces sin preparación y desconocimiento de las rutas legales para defender los derechos ambientales, estos factores combinados, conforman un escenario en el que los grandes perdedores son los ecosistemas naturales y la biodiversidad. A los que se suman las comunidades, los pueblos originarios y las personas que habitan en las reservas naturales.  

Con el afán de encontrar las formas para aplicar las leyes ambientales, en el 2013 México publicó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), en la que se contempla el juicio de “procedimiento judicial de responsabilidad ambiental”, el cual, en vez de exigir la reparación de los daños patrimoniales, otorga la posibilidad de la reparación y compensación de los daños al medio ambiente; es decir, el responsable de la afectación deberá llevar a cabo las acciones necesarias para “devolver” al ecosistema a su estado original.

Pero para que eso sea posible, la legislación mexicana prevé que el Poder Judicial Federal cuente con Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental, o bien, que esa competencia sea otorgada a un juzgado de Distrito ya existente, siempre y cuando su personal reciba capacitación especializada en la materia.

Sin embargo, pese a que la LFRA prevé que los jueces deben estar capacitados, no existe un estándar de preparación mínima que se deba cumplir, e incluso los cursos sobre medio ambiente que se imparten no son obligatorios ni siquiera para los jueces que tienen competencia en la materia.

Dicho así, el mundo enfrenta un gran desafío jurídico en derecho ambiental, mismo que será crucial para transitar hacia una economía basada en el desarrollo sustentable y libre de carbono.