El valor del Estado de Derecho Ambiental y Ecológico

Por: Octavio Ruiz Méndez, Jurista en derecho y justicia ambiental

El Estado de derecho ambiental y ecológico es guardar las simetrías entre los diferentes actores de la sociedad, el sector privado y la responsabilidad de las empresas.

Hablar del medio ambiente en el sistema político de cualquier estado o nación, es equivalente a enunciar diversas anomalías, como los abusos de autoridad, impunidad, corrupción, tráfico ilegal de especies, agotamiento de los recursos naturales, servidores públicos de baja o nula preparación, incertidumbre en la aplicación correcta de los ordenamientos territoriales, opacidad en el manejo de los recursos y la postergación de políticas climáticas efectivas para prevenir daños. 

Lo anterior sólo por mencionar algunas de las diatribas más significativas que ocurren habitualmente en materia ambiental, sin dejar de mencionar, las violaciones a las disposiciones jurídicas que tutelan el patrimonio público y privado, natural y cultural. Todo en detrimento del estado de derecho ambiental y ecológico. 

Uno de los principales desafíos del “Estado de derecho ambiental y ecológico”, es guardar las simetrías entre los diferentes actores de la sociedad, pues mientras que por una parte el sector privado y la responsabilidad de las empresas, son requeridas a través de sus accionistas, representantes legales y administradores para rendir cuentas,  siendo además, observados por los distintos marcos jurídicos, mientras que, del otro lado, encontramos contrastes marcados en el sector público donde al parecer, los intereses políticos y económicos que, quebrantan el mismo estado de derecho, quedan sin recibir en muchas ocasiones, sanción alguna.

No obstante, bajo un contexto en el que tanto sector público como el privado parecen actuar en marcos regulatorios disntintos, nos encontramos con actos de indiferencia y ultrajes ambientales en los que ambos actores se encuentran vinculados dando paso a las simulaciones, mientras que las instancias responsables que abordan los temas que involucran los grandes casos de daño patrimonial, en ocasiones, omiten o dejan sin determinar ni ejercer las acciones penales correspondientes contra los responsables que cometen un daño ambiental o ecológico. 

Y es que, resulta inconcebible, que aún con la existencia de diversos acuerdos en materia ambiental suscritos hasta la fecha, el crecimiento de la mancha urbana e industrial, siguen creciendo de manera desmedida y en muchas ocasiones, violando las disposiciones legales con proyectos poco amigables con el medio ambiente. Proyectos, que no sólo dañan los ecosistemas, también agotan los recursos naturales no renovables y contribuyen a la opacidad, la corrupción, el nepotismo, la simulación, las prebendas, el favoritismo y la ineptitud.

Los tribunales correspondientes en materia ambiental, están siendo constantemente requeridos por las denuncias y querellas que se abren por todos los estados de la república en materia ambiental. Entidades como Yucatán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Quintana Roo por mencionar algunos, registran cotidianamente denuncias por el crecimiento al parecer desmedido o coludido de múltiples desarrollos inmobiliarios.

Aspirar a la prevalencia real del estado de derecho ambiental y ecológico en todos los órdenes de gobierno, garantiza a todos los gobernados certidumbre, progreso y una verdadera aplicación de las leyes en pro de desarrollo sostenible y del medio ambiente.