Por: Octavio Ruiz Méndez, jurista en derecho y justicia ambiental
Uno de los factores primordiales del desarrollo en la actualidad, es la armonización y crecimiento de los centros urbanos, su diseño y planeación de infraestructura, deben considerar elementos como la movilidad, la preservación de los recursos naturales disponibles y el cuidado y fomento de las áreas verdes, todos estos elementos hoy en día, forman parte de la ciudad sustentable.
En este sentido, un factor que cobra relevancia para lograr los objetivos y lineamientos mencionados, es “El derecho a la ciudad” que, desde una perspectiva diseñada para la protección individual o colectiva, debe considerarse desde el momento de diseñar la planeación urbana donde deberá ponderarse sin soslayar, el desarrollo sustentable.
Pero no sólo eso, también el crecimiento y desarrollo urbano, debe mirarse desde un enfoque armonizado, congruente que permita el ejercicio colectivo y el interés particular de la propiedad privada, en donde el Estado, debe actuar como un integrador y facilitador de procesos consultivos, bajo la lógica de la administración pública, la cual deberá buscar la integración de todos los sectores participantes que actúan entre sí, los cuales van desde los aspectos económico y social, hasta el cultural y ambiental.
La conformación de esta figura, debe actuar como garante y promotor del desarrollo, además de prevenir conflictos socio ambientales entre los distintos actores, función ésta última, que debe adoptar el Estado bajo una visión de estrategia multidisciplinaria e intercultural, que se apoye en la regulación vigente y que evite afectar o entorpecer los procesos de distribución y generación de riqueza social, mismos que deberán dignificar los derechos fundamentales y la calidad de la vida de las personas en la ciudad, es por ello que la planeación y la capacitación en materia urbanística y ecológica, adquiere un rol muy importante para la gestión municipal el cual debe ser respetado independientemente de los servidores públicos en turno.
Es en este contexto que el desarrollo de infraestructura y construcción de vivienda, cobran una relevante importancia, pues bajo los principios de los ODS de la ONU, las personas tienen como derecho humano, el poder disfrutar de una vivienda digna y decorosa, pues satisfacer este derecho de las personas es uno de los principales retos para el Estado y la sociedad en su conjunto, en donde la iniciativa privada a través de sus instituciones y organizaciones que trabajan con la sociedad civil, están asumiendo también este compromiso en el que interctúan distintos actores multidisciplinarios que poco a poco han dando paso a diversas regulaciones que están conformando la llamada “arquitectura verde”.
Bajo este modelo, los distintos niveles de gobierno, así como los diversos actores de la sociedad civil, buscan contribuir a diseñar y construir un modelo amigable y respetuoso con los diversos ecosistemas de los que todos formamos parte y en el que cohabitamos. Es por ello que la calidad de vida urbana requiere de la integración y desarrollo de una cultura en ámbitos sociales y ambientales tendientes al cuidado del derecho colectivo de la ciudadanía.
