La política sustentable de Joe Biden altera la transición energética

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) promulgada por el presidente Joe Biden y aprobada hace casi un año por el Congreso de los Estados Unidos, cuenta con un paquete histórico de 369,000 millones de dólares que ofrece créditos fiscales para el desarrollo de energía limpia. Su objetivo es estimular la inversión privada y el crecimiento económico, al tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

La ley ha tenido un impacto positivo en la economía y la industria de Estados Unidos, que había quedado rezagado en la transición energética. Según un informe reciente del Departamento de Energía, la IRA ha creado más de 2 millones de empleos verdes, ha aumentado la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica al 40 por ciento y ha reducido las emisiones de carbono en 15 por ciento.

La IRA también ha impulsado el liderazgo climático del país en el escenario mundial, después de años de aislamiento. El presidente Biden ha utilizado la ley como una herramienta diplomática para presionar a otros países a aumentar sus ambiciones climáticas y cumplir con el Acuerdo de París.

Países en desarrollo

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La IRA también ha planteado algunos problemas para los países en desarrollo, que se enfrentan a una brecha cada vez mayor en la inversión y el acceso a la energía limpia.

Los países en desarrollo representan el 80 por ciento del crecimiento futuro de la demanda de energía y el 90 por ciento del aumento proyectado de las emisiones. Sin embargo, solo reciben el 20 por ciento de las inversiones globales en energía limpia, según la Agencia Internacional de Energía.

Esta brecha se ha ampliado aún más con la aprobación de la IRA y otros paquetes similares en países ricos de la Unión Europea (UE), Canadá y Australia. Estos subsidios han hecho que sea más rentable invertir en energía limpia en los países desarrollados que en los países en desarrollo, lo que ha provocado una fuga de capitales y una escasez de financiación.

Además, estos subsidios han generado tensiones comerciales y acusaciones de proteccionismo, ya que los países desarrollados buscan proteger sus industrias nacionales y evitar una competencia desleal. Algunos países en desarrollo han amenazado con imponer aranceles o medidas antidumping a las importaciones de productos verdes subsidiados.

Entonces ¿cómo pueden los países en desarrollo superar estos obstáculos y acelerar su transición energética? Algunos especialistas consideran que las posibles soluciones son aumentar la cooperación internacional y el apoyo financiero a los países en desarrollo para que puedan acceder a tecnologías limpias y asequibles, promover un comercio justo y abierto de productos verdes, evitando medidas proteccionistas o discriminatorias que distorsionen el mercado, y fomentar el desarrollo de capacidades locales e innovación en los países en desarrollo, aprovechando sus recursos naturales y humanos.

Además piden establecer marcos regulatorios e institucionales sólidos y transparentes que brinden seguridad jurídica e incentivos a los inversionistas privados; así como integrar las consideraciones sociales y ambientales en las políticas energéticas, garantizando una transición justa e inclusiva para todos.

Los especialistas también señalan que, aunque el IRA es un hito importante para el clima global, no debe ser una excusa para dejar atrás a los países en desarrollo y dejar olvidadas otras zonas del mundo que son importantes para el clima.