Un recorte peligroso para el futuro

La reciente reducción de casi el 40 por ciento en el presupuesto destinado al medio ambiente para 2025 es un golpe contundente a una de las áreas más críticas para el desarrollo sustentable de nuestro país. De acuerdo con Rubén Moreira, líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, este recorte tendrá implicaciones en los programas de infraestructura hidráulica, especialmente aquellos enfocados en la potabilización y el saneamiento del agua.

Este recorte es aún más alarmante considerando los problemas de abastecimiento de agua que enfrentaron varias entidades en el primer semestre de este año, lo que pone en evidencia la falta de interés del Gobierno por atender los problemas fundamentales de la población.

El agua, un recurso vital, ya enfrenta serios retos en muchas regiones de México. Las sequías, el desabasto y la contaminación de las fuentes de agua han puesto a las comunidades más vulnerables en una situación de desesperación. En este contexto, la reducción presupuestaria para las instituciones que gestionan este recurso, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es un mensaje claro de que el Gobierno no está dispuesto a hacer frente a los desafíos ambientales con la urgencia que requieren.

Ignacio Lorea, ambientalista de renombre, subraya una inquietante realidad: el presupuesto para el medio ambiente en 2025 será apenas del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que está muy por debajo de las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que sugieren destinar entre el 3.7 por ciento y el 4.9 por ciento del PIB.

La cantidad propuesta para el gasto en medio ambiente (44,371 millones de pesos, mdp) no sólo representa una disminución alarmante respecto a los 73,232 mdp para 2024, sino que también está lejos de los 112,000 mdp que se aprobaron en 2014.

Lo más preocupante es que esta reducción en los recursos no sólo afectará a la infraestructura hidráulica, sino que también impactará gravemente a organismos cruciales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuya misión es proteger los ecosistemas que sostienen nuestra biodiversidad. Las reducciones del 10.1 por ciento en la Profepa, del 2.4 por ciento en la Conanp y del 6.6 por ciento en la Conafor evidencian una tendencia alarmante: el Gobierno parece estar restando prioridad a la protección del medio ambiente en favor de otros intereses.

Este recorte pone en riesgo el futuro ambiental del país y también profundiza la desigualdad. Las comunidades más pobres y vulnerables son las que más sufrirán las consecuencias de la falta de inversión en infraestructura hídrica y en la conservación de los recursos naturales. Al no contar con el apoyo necesario para potabilizar el agua o para proteger los ecosistemas, se incrementa la brecha de desigualdad social, afectando a aquellos que ya enfrentan las mayores carencias.