Relación Empresa – Estado: Los Retos del Agua

Por: Octavio Ruíz Méndez, jurista en derecho y justicia ambiental

Desde la perspectiva del empresario y del estado, ambos tienen el objetivo común de sostener la economía, la estabilidad en los empleos y los servicios, actividades todas indispensables para el desarrollo que además, representan desafíos importantes para implementar un proyecto de impacto ambiental que requiera del análisis de los sitios y regiones para el asentamiento de una empresa.

En los años recientes con el interés internacional dirigido a la preservación, conservación y equilibrio del ambiente, los países han incrementado sus acuerdos en instrumentos éticos y jurídicos, lo cual se refleja en la creación e implementación de la legislación ambiental.

Uno de los principales recursos naturales a cuidar es el agua, se considera que 7 por ciento de la población mundial estará expuesta a una disminución de almenos 20 por ciento de los recursos hídricos renovables, de acuerdo con el Informe de políticas de ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el Agua de la organización Un Wáter.

En México se ha agudizado la escasez y desabasto de agua, con ello, la obligación del estado de vigilar con funciones de regulación y arbitraje las conductas de los particulares que afecten indebidamente el medio ambiente, facultad reservada a la federación, estados y municipios, obligaciones de prevención, control, saneamiento y restauración de los recursos hídricos, como bandera para cualquier sanción al principio regulatorio de derecho ambiental internacional “Quien contamina paga”, contemmplado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna.

Es importante considerar que las empresas deben trabajar no solo con autorizaciones de impacto ambiental, no basta contar con documentos que evaluén aspectos negativos y positivos de las actividades humanas,  actualmente, la consulta pública tiene un peso muy importante, que se conocen como derechos de acceso y participación  ciudadana, al referirnos a un derecho colectivo como el que implica el impacto a un recurso natural como es el agua, principalmente cuando esa actividad implica restringir el agua a una comunidad o región.

Existen diversas denuncias que están en proceso legal en materia ambiental relacionados con el Agua, que aún no son resueltos como el caso del vertimiento de aguas residuales en los canales del Barrio de San Miguel del pueblo de San Andrés Mixquic, o el derrame de cianuro de sodio en el río Yaqui, la cancelación de la planta cervecera en Mexicali y El conflicto del agua en la frontera norte con agricultores derivado del Tratado de Aguas de México y Estados Unidos de 1944, estos, son sólo algunos de casos que están vigentes.

Por todo lo anterior es necesario trabajar los proyectos con un enfoque multidisciplinario, implementando personas idóneas para los procesos de comunicación y mediación transformativa de conflictos socio – ambientales,  generando proyectos que contemplen mejoras en las comunidades como fuentes de empleos, compensaciones ambientales, y cuando hay presencia de pueblos originarios, conocer sus usos y costumbres, contar con traductores y personas que conozcan sus necesidades. El desarrollo es posible, siempre que las personas y el patrimonio natural no sea vulnerado.